LUIS GERARDO GONZÁLEZ BLANQUET¹

SUMARIO: I. Calentamiento global. II. Efecto invernadero. III. Cambio climático. IV. Economía verde. V. El desarrollo sostenible como paradigma ambiental VI. Recientes legislaciones ambientales - Ley General de Cambio Climático. VII. Transversalidad de políticas públicas para el desarrollo sustentable.

Resumen. Los problemas ambientales son cada vez más trascendentales y afectan por igual a todas las naciones del mundo. Por ello es de vital importancia que se tome conciencia global de esta situación a efecto de se implementen las medidas necesarias para prevenir y combatir los problemas ambientales en todo el mundo. El cambio climático es sin duda uno de los retos ambientales más importantes a enfrentar en materia ambiental, toda vez que es el fenómeno que provoca aumentos o disminuciones aceleradas de temperatura.

Palabras clave: problemas ambientales, medidas necesarias y cambio climático.

Abstract. The environmental issues are each day more important and their consequences affect equally all nations. Therefore is necessary to adopt a global environmental consciousness in order to implement the necessary steps to prevent and face worldwide such issues. Nowadays climate change is undoubtedly one of the major environmental challenges to face on environmental matters since is a phenomenon that makes the temperature of the earth increasing or decreasing on an accelerated way.

Keywords: Environmental issues, needed measures and climate changing.

El proceso de cambio climático² se perfila como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y en general, sobre los diversos componentes que configuran el proceso de desarrollo.

En los últimos años, un gran número de análisis y estudios científicos que redujeron la incertidumbre y mejoraron la detección de los efectos iniciales del cambio climático, así como una creciente transformación de la conciencia colectiva, han contribuido a revalorar la prioridad con la que los gobiernos y las instituciones multilaterales enfrentan el tema.

Por el alcance de sus implicaciones económicas, políticas y sociales, el cambio climático es hoy tema ineludible de la agenda internacional y objeto de preocupación para las instancias de más alto nivel de los gobiernos locales.

La difusión del Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)³ y los resultados de investigaciones científicas recientes han reforzado en todo el mundo el sentido de urgencia con el que se aborda el tema.

La necesidad y la conveniencia de actuar ahora resulta cada vez más evidente y no debe posponerse una acción que, además de contrarrestar el cambio climático y sus impactos adversos, podría contribuir al logro de múltiples objetivos que confluyen en el desarrollo humano sustentable, como la seguridad energética y alimentaria, la salud pública, la defensa del capital natural o la utilización racional de nuestros recursos naturales.

En el ámbito multilateral, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático⁴ de 1992 (la “Convención”) busca realizar esfuerzos a escala internacional a efecto de crear conciencia pública sobre los efectos y problemas del cambio climático en el mundo (en el apartado V del presente trabajo, se explica más fondo el contenido de la Convención).

A fin de reforzar y alcanzar los objetivos de la Convención, en 1997 los países partes acordaron adicionar al tratado el llamado “Protocolo de Kioto⁵”, el cual contribuiría a imponer medidas coercitivas. Múltiples procesos gubernamentales y de la sociedad civil se han propuesto contribuir al logro de los objetivos reseñados.

La acción concertada internacional resulta indispensable para enfrentar un problema que ningún país podrá resolver aisladamente. En este contexto, México contribuye con alrededor del 1.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan este problema y muestra, además, una alta vulnerabilidad frente a sus efectos adversos.

México, es un referente a nivel internacional en la lucha contra los efectos del cambio climático, al ser reconocido como país sede, de la 16ª “Conferencia de las Partes” (COP16) en el año 2010.

El país se dispone a ampliar su respuesta frente a este desafío global, tanto en su vertiente de mitigación, que consiste en el control y la reducción de las emisiones, como en la de adaptación, que abate la vulnerabilidad y limita los impactos negativos del cambio climático.

Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases componentes de una atmosfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está acentuando en la tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad económica humana. Este fenómeno evita que la energía del sol recibida constantemente por la tierra vuelva inmediatamente al espacio produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero.

Por el alcance de sus implicaciones económicas, políticas y sociales, el cambio climático es hoy un tema ineludible en la agenda del gobierno mexicano y objeto de atención de un importante número de dependencias e instituciones de las Administraciones Municipales, Estatales y Federal de México.

Enfrentar el cambio climático implica desarrollar de inmediato actividades de mitigación, o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y de adaptación, o reducción de la vulnerabilidad y de los riesgos para la vida, para el orden natural y el desarrollo. La eficacia de estas actividades aumenta significativamente cuando concurren diversos sectores en una estrategia de política transversal.

Para dar respuesta a este desafío global y tomar responsabilidad sobre nuestra contribución y posibles afectaciones, el Gobierno Federal cuenta con una estructura gubernamental, así como diversas estrategias e instrumentos, con los que se busca mitigar el cambio climático y adaptarse en la medida en que sea necesario, sin comprometer el proceso de desarrollo, e incluso con beneficio económico.

Entre esas estrategias se encuentran las siguientes:

1.- Instrumentar la Estrategia Nacional de Cambio Climático

Durante 2009, se elaboraron de manera conjunta con el Instituto Nacional de Ecología, los Criterios Ambientales para la Producción de Insumos de Biocombustibles, mismos que se presentaron en enero de 2010.

En el primer semestre de 2010 se actualizó el anteproyecto para normar las especificaciones técnicas para la protección del ambiente con criterios de selección de sitios y durante las actividades de construcción, operación y abandono de instalaciones eoloeléctricas en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, con la finalidad de proporcionar certidumbre jurídica a la inversión en esta materia.

2.- Programa Especial de Cambio Climático

El 28 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 (PECC), donde se reconoce que éste constituye el principal desafío ambiental global del presente siglo y que representa, a mediano y largo plazo, una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo y el bienestar humano.

En su capítulo de Mitigación el PECC se orienta a consolidar un patrón de desarrollo en el que el crecimiento económico no incida significativamente en el incremento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Al inducir una disminución de la intensidad de carbono, expresada como la relación entre emisiones y producto interno bruto, el PECC da un impulso inicial a la “descarbonización” de la economía mexicana.

El cumplimiento cabal del PECC y las acciones desarrolladas en los sectores relacionados con la generación y uso de energía, agricultura, bosques y otros usos del suelo y desechos, podrían alcanzar una reducción total de emisiones anuales en 2012, de alrededor de 51 millones de toneladas de CO2, con respecto al escenario tendencial (línea base al 2012 que ascendería a 786 millones de tonelas de CO2), como resultado de acciones desarrolladas en los sectores relacionados con la generación y uso de energía, agricultura, bosques y otros usos del suelo, y desechos. Por categoría de emisión de gases de efecto invernadero, la meta de mitigación se distribuye de la siguiente manera:

La meta global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 2012, se compone de 39 objetivos y 86 metas, de éstas últimas 22 representan el 85% de las casi 51 millones de toneladas de CO2 establecidas como meta de mitigación al 2012.

Las políticas públicas son fundamentales para dirigir el mercado hacia la innovación en tecnologías y soluciones limpias. La participación del sector empresarial y de la sociedad en general es clave, pero se requieren incentivos para motivar las inversiones, eficiencia de materiales, y la toma de decisiones de consumo para caminar hacia un desarrollo que concilie crecimiento, conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad, e igualdad de oportunidades. Por ello, es urgente promover los mecanismos que permitan sentar las bases para que todos los sectores incorporen estos criterios en sus políticas y procesos. Es indispensable contar con la información necesaria para difundir este concepto de una manera clara y sencilla a los sectores de la sociedad a fin de comprenderlo, discutirlo y reflexionar para que puedan incorporarlo en sus esquemas de trabajo como una condición imprescindible de crecimiento.

El desarrollo económico ha demostrado que tiene límites muy concretos expresados en los recursos naturales.

México tiene una gran diversidad de ecosistemas, por ello es fundamental promover iniciativas exitosas basadas en un nuevo concepto, denominado economía verde, donde la sociedad, el gobierno y las empresas tienen una responsabilidad. Este cambio de paradigma implica reconocer que amplios sectores de la sociedad y de los grupos protagonistas cuentan con poca información que les permitan tomar decisiones y realizar acciones para establecer cambios en las formas de cumplir sus objetivos.

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 (PNMARN), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sostiene que “México es la doceava economía más grande del mundo, el cuarto país megadiverso… es el segundo destino principal de la inversión extranjera directa y el tercero en crecimiento acumulado” (SEMARNAT, 2001-c 25).

Si bien estas declaraciones son halagadoras, todos los mexicanos sabemos que seguimos teniendo un rezago inequitativo tanto económico como cultural en muchas partes del país. Los analistas coinciden en el hecho de que México tiene elementos suficientes para poder alcanzar unas condiciones de vida comprobables con las potencias económicas mundiales, ¿en dónde radica el problema entonces? Muy probablemente la solución se encuentre en el método que utilizamos tanto para explotar esa riqueza como para distribuir sus beneficios. El proceso para lograr la meta de la calidad de vida considerando al ambiente se conoce como “desarrollo sostenible”. Debemos hacerlo de manera tal que no limitemos nuestras propias posibilidades de vida, salud, expansión y desarrollo. El planear apropiadamente la explotación de nuestros recursos garantizara la utilidad y existencia de los mismos; garantizando al mismo tiempo nuestro medio de vida. El desarrollo es un proceso comprensivo, económico, y cultural dirigido al constante mejoramiento y bienestar de la población entera y de todos los individuos en base a su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y la justa distribución de los beneficios que resulten de ella.

En consecuencia, los avances multilaterales en la atención al cambio climático; el proceso de las negociaciones multilaterales. La Convención y el mencionado Protocolo de Kioto, el problema es que los consensos para adoptar soluciones globales no han estado nunca al alcance de la mano. El proceso multilateral de negociación en materia de cambio climático ha mostrado con creces las enormes dificultades de poner de acuerdo a más de 190 países, con intereses distintos y, en muchos casos, opuestos. A la tradicional divisoria Norte-Sur, que opone los países desarrollados a los en desarrollo, el cambio climático agrega otros factores específicos de polarización. Así, por ejemplo, los pequeños estados insulares en desarrollo cuya supervivencia, amenazada por la elevación del nivel del mar, depende de que se limite en forma drástica el consumo mundial y la quema de combustibles fósiles, tendrá intereses antagónicos respecto a los de países exportadores de carbón, petróleo o gas natural, cuyas perspectivas de desarrollo dependen de que la demanda mundial de estos recursos energéticos se mantenga firme y en ascenso. Hasta ahora la divisoria desarrollados / en desarrollo ha prevalecido respecto a la que separa a los países proactivos en relación con el cambio climático de los reactivos, reticentes a la adopción de políticas públicas eficaces para mitigarlo. Esta situación está empezando a cambiar.

A pesar de estas dificultades, la respuesta política internacional al cambio climático comenzó hace ya algo más de veinte años, con la negociación y adopción en 1992 de la Convención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo o “Cumbre de la Tierra”, Rio de Janeiro, Brasil, que establece un marco de acción para la estabilización de la concentración de GEI en la atmosfera. La Convención, ha realizado 17 reuniones de la Conferencia de las Partes⁶ (COPs), así como numerosas reuniones de los órganos subsidiarios⁷.

Cabe resaltar la ya mencionada COP16, en donde en un contexto internacional complicado, México asumió la responsabilidad de organizar y presidir la COP-16/CMP-6 que se celebró a fines del 2010 en Cancún, Quintana Roo, México.

Con la anuencia de la Presidencia danesa saliente, México replanteó para las conferencias de Cancún los enfoques y los métodos tradicionales de organización, movilizando para ello todos los recursos de su reconocida experiencia multilateral. Con la conducción personal del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y bajo la coordinación de la Secretaria de Relaciones Exteriores y la plena colaboración de las demás dependencias de la Administración Pública Federal, empezando por la SEMARNAT, México diseñó y llevó a cabo una estrategia muy activa que combinó reuniones formales e informales, de carácter general o temático, logró ampliar y consolidar la participación de los países y abrió causes para una intervención más efectiva de la sociedad civil, tanto en la fase preparatoria como en las propias conferencias de Cancún. Contó para ello con el apoyo técnico del Secretariado de la Convención. Se pudo así restaurar un piso mínimo de confianza y volver a encauzar un proceso multilateral que algunos medios internacionales daban como definitivamente fallido. La apuesta de México fue riesgosa pero, contra todo pronóstico, desembocó en un claro éxito, del cual dio fe una de las más prolongadas ovaciones en pie de la historia de las negociaciones multilaterales climáticas.

Como resultado, se adoptaron formalmente los Acuerdos de Cancún, los cuales constituyen un importante logro de la comunidad internacional. A través de estos Acuerdos, se anclaron en el régimen multilateral los principales contenidos de los Acuerdos de Copenhague, y se crearon un conjunto de instituciones en los temas de financiamiento, mitigación, adaptación y tecnología, que constituyen un paquete particularmente amplio y promisorio de apoyo para que países en desarrollo puedan enfrentar las tareas de atención al cambio climático. Entre las creaciones de los Acuerdos de Cancún destacan:

a.- Fondo verde para el clima: Se adopta como mecanismo financiero de la convención para apoyar las acciones de adaptación y mitigación de países en desarrollo.

b.- Marco de Adaptación: Creado para fortalecer la atención a los temas de adaptación a través de la cooperación internacional y la implementación de acciones en países en desarrollo. Contempla la creación de un Comité de Adaptación.

c.- Mecanismo Tecnológico: Consta de dos componentes: (i) un Comité Ejecutivo de la Tecnología; y (ii) una Red y Centro de Tecnologías del Clima. A través de ellos se busca fomentar las investigaciones, el desarrollo, la demostración y la transferencia de tecnología verdes para la mitigación y la adaptación al cambio climático.

En México, como en casi todo el mundo, el Derecho Ambiental surge como la respuesta a los problemas ambientales que inherentes al desarrollo de las sociedades, se tiene que establecer como estrategia regulatoria en su combate, dado que el crecimiento de las civilizaciones siempre ha intentado dominar la naturaleza, pocas son las culturas que en su desarrollo prefirieron convivir con ella. De manera que la misma sociedad en su afán regulatorio, tiene que establecer reglas que moderen el comportamiento de sus ciudadanos a efecto que moderen su comportamiento con el fin de proteger la naturaleza, en nuestro país el derecho a un ambiente sano está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.⁸

Sin embargo, prácticamente hasta el último siglo, en el desarrollo de México no se consideraba como esencial el cuidado y protección del medio ambiente,  por lo que, el ambiente se ha visto severamente afectado. Prácticamente, todas las actividades económicas generan intensas presiones sobre los recursos naturales y el ambiente, provocando altos niveles de contaminación, sobre todo en las áreas de concentración urbana y sitios de alta biodiversidad.

La Ley General de Cambio Climático apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. Este ordenamiento tiene como objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de los distintos órdenes de gobierno. Para ello se centra, entre otras cuestiones, en las acciones para mitigación y adaptación al cambio climático.

Con esta ley se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. También se crea el Consejo de Cambio Climático en el que se prevé la integración de miembros de los actores social, privado y académico. Con relación a la sociedad civil, dicha Comisión deberá convocar tanto a las organizaciones como celebrar acuerdos de concertación con organizaciones sociales y privadas relacionadas con el medio ambiente.

Asimismo, esta ley impulsa el desarrollo de estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos fósiles y renovables del país, de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en lo que resulte aplicable, como lo establece expresamente su artículo 7, fracción XXIII.

De igual manera, en su artículo 33 se establecen las políticas públicas para la mitigación, las cuales son las siguientes:

I. Promover la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y el derecho a un medio ambiente sano a través de la mitigación de emisiones;

II. Reducir las emisiones nacionales, a través de políticas y programas, que fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo- eficiencia de las medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico;

III. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía;

IV. Promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e inmuebles de dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios;

V. Promover de manera prioritaria, tecnologías de mitigación cuyas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero sean bajas en carbono durante todo su ciclo de vida;

VI. Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y acciones de los tres órdenes de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales;

VII. Medir, reportar y verificar las emisiones;

VIII. Reducir la quema y venteo de gas para disminuir las pérdidas en los procesos de extracción y en los sistemas de distribución y garantizar al máximo el aprovechamiento del gas en instalaciones industriales, petroleras, gaseras y de refinación;

IX. Promover el aprovechamiento del gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón;

X. Promover la cogeneración eficiente para evitar emisiones a la atmósfera;

XI. Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los residuos;

XII. Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado;

XIII. Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio ambiente;

XIV. Promover la canalización de recursos internacionales y recursos para el financiamiento de proyectos y programas de mitigación de gases y compuestos efecto invernadero en los sectores público, social y privado;

XV. Promover la participación de los sectores social, público y privado en el diseño, la elaboración y la instrumentación de las políticas y acciones nacionales de mitigación, y

XVI. Promover la competitividad y crecimiento para que la industria nacional satisfaga la demanda nacional de bienes, evitando la entrada al país, de productos que generan emisiones en su producción con regulaciones menos estrictas que las que cumple la industria nacional.

Es importante hacer mención de lo establecido en el artículo 34 Fracción I, inciso B, de la mencionada ley, que establece: “Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías de cogeneración eficiente. Dichos incentivos se incluirán en la Estrategia Nacional, la Estrategia Nacional de Energía, la Prospectiva del Sector Eléctrico y en el Programa Sectorial de Energía”.

Dicha disposición debe tenerse muy en cuenta por los representantes de las organizaciones sociales no solo Mexicanas sino también Transnacionales. Asimismo debemos esperar y analizar las consideraciones que estipule el Reglamento de La Ley General de Cambio Climático que debe estar en próximas fechas de publicación, ya que podrían existir estímulos fiscales e incentivos con el fin de hacerlas partícipes de los programas que contribuyan a la mitigación del Cambio Climático.

Asimismo, resulta interesante conocer la integración de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, ya que con el nuevo Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña Nieto, seremos testigos de la nueva forma de tomar las decisiones que conduzcan a un cuidado de los recursos naturales de nuestro País, ahora sí, bajo la regulación de un instrumento legal que marque la pauta de cómo poder hacerlo.

La sustentabilidad ambiental es uno de los cinco ejes de política pública⁹ en base de los cuales se articula el conjunto de objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), del Gobierno Federal Mexicano, y constituye un criterio rector en el fomento institucional de las actividades productivas. En ese sentido, las decisiones de inversión, producción y políticas públicas, de toda la Administración Pública Federal (APF) deben incorporar criterios de impacto y riesgo ambiental, cambio climático, así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales, lo que demanda una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo.

Corresponde a la SEMARNAT la responsabilidad de encaminar a todas las dependencias de la APF hacia la incorporación de la variable ambiental en sus políticas públicas para la integración de esfuerzos que conlleven al Desarrollo Humano Sustentable, mientras que estas dependencias tienen la responsabilidad de incorporarla al diseño e instrumentación de sus programas y acciones específicas.

Para ello, y en el marco de la estrategia de “Transversalidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Humano Sustentable”, se atienden temas ambientales prioritarios a través de acciones jerarquizadas, ordenadas y coordinadas. Se establecen asimismo, metas e indicadores para seguir cuantitativamente su cumplimiento.

La transversalidad se expresa en programas específicos que permean en dos o más dependencias de la APF, como es el caso del Programa de Empleo Temporal (PET).

Por primera vez de manera explícita, el cambio climático se abordó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), específicamente en el Eje 4 de Sustentabilidad Ambiental. Muchos de los programas sectoriales que derivaron del PND, también hicieron referencia al tema.

El anteriormente mencionado Programa Especial de Cambio Climático (PECC), consolida los esfuerzos previos de planeación en la materia, entre los que destaca la Estrategia Nacional de Cambio Climático presentada por el Ejecutivo Federal en mayo de 2007.

El PECC es un claro ejemplo del compromiso gubernamental para impulsar la Transversalidad de las Políticas Públicas para el Desarrollo Humano Sustentable. El conjunto de objetivos y metas del documento refleja el compromiso de 11 Secretarías de Estado del Gobierno Federal Mexicano para abordar coordinadamente los retos de la mitigación de emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI) y la adaptación a los impactos previsibles del cambio climático, así como para garantizar el bienestar y la viabilidad de la sociedad y los sistemas naturales de México.

1.- Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC)

La CICC se creó el 24 de abril del 2005 mediante decreto presidencial, como uno de los instrumentos más importantes de política transversal al ser un espacio multisectorial de concertación de políticas públicas de cambio climático. Su objetivo es coordinar las acciones de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal para formular e instrumentar políticas nacionales de cambio climático y promover acciones orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia, la presidencia de la CICC recae en el titular de la SEMARNAT y su Secretariado Técnico en la Dirección General de Políticas de Cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, de la misma Secretaría de estado, dos invitados permanentes y siete grupos de trabajo activos, los cuales coordinan las acciones, políticas y estratégicas relacionadas con el cambio climático.

2.- Grupos de Trabajo de la CICC

Los grupos de trabajo creados alrededor de la CICC son los siguientes:

a.- Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto Invernadero (COMEGEI): es responsable de la evaluación de los proyectos y la expedición de Cartas de Aprobación.

b.- Grupo de Trabajo para Asuntos Internacionales: es responsable de coordinar de manera intersecretarial la formulación de la posición de México en foros u organismos internacionales de cambio climático, particularmente en las COPs y sus Órganos Subsidiarios.

c.- Grupo de Trabajo de Políticas de Adaptación (GT-Adapt): coordina la formulación de políticas y estrategias de adaptación con el fin de desarrollar capacidades nacionales de adaptación ente los impactos previsibles del cambio climático. En este grupo de trabajo se integraron las metas de capítulo de adaptación del PECC y se coordinó el documento Marco de Políticas sobre Adaptación de Mediano Plazo.

d.- Grupo de trabajo para el Programa Especial de Cambio Climático (GT-PECC): formuló el documento hacia una Estrategia de Acción Climática (Enacc). Ha estado a cargo de la elaboración, publicación y seguimiento del Programa Especial de Cambio Climático.

e.- Grupo de trabajo sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Plus (GT-REDD+): propone al CICC lineamientos y estrategias en materia de reducción de emisiones por deforestación y degradación. A través de este Grupo se integró el documento Visión de México sobre REDD+, hacia una Estrategia Nacional. Actualmente trabaja en la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Plus (ENAREDD+).

f.- Grupo de Trabajo de Mitigación (GT-Mitig): propone a la CICC políticas, estrategias y acciones asociadas con la mitigación para el corto, mediano y largo plazos.

g.- Grupo de Trabajo de Vinculación con la Sociedad Civil (GT-Vinc): su objetivo es institucionalizar la vinculación del sector público representado en la CICC con la sociedad civil, para el fortalecimiento de los mecanismos de análisis, planeación, implementación, difusión y evaluación de las políticas públicas en la materia.

3.- Utilización de criterios ambientales en la Administración Pública Federal

Entre los resultados alcanzados en este sentido, durante el último trimestre de 2009, mencionamos los siguientes:

Dada la necesidad de ampliar la funcionalidad del Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad (SIAT) para incluir acciones y compromisos establecidos con los gobiernos estatales y municipales, se realizó la mejora funcional y adecuación de los módulos de captura de dicho sistema. Con estas modificaciones es posible conocer la ubicación de las acciones concluidas y así identificar los sitios donde la política transversal fue aplicada. Además, se realizaron ajustes para identificar las áreas responsables de las acciones a nivel Dirección General y contar con mayor control sobre el seguimiento de las mismas.

Se concretaron compromisos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes relacionados con medidas de adaptación al cambio climático que permiten mejorar y adecuar la infraestructura de comunicaciones y transportes; la renovación del parque vehicular a efecto de contribuir a reducir las emisiones de GEI y en materia de aplicación de normas de eficiencia energética en el sector. Con esta actividad se alcanzó un total de ocho instituciones con metas e indicadores cuantitativos, superando la meta anual programada de siete instituciones.

Se participó en la elaboración de metas y acciones por dependencia, así como en la conformación y operación de grupos de trabajo en beneficio de la sustentabilidad de los mares y costas en el marco de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares).

Se realizó la Tercera Reunión Plenaria de la Agenda de Transversalidad, como espacio de concurrencia inter e intrasectorial, en el que se presentaron los avances más significativos relacionados con los temas Cambio Climático, Política Integral de Mares y Costas, y Biodiversidad de México.

4.- Agendas de Transversalidad

Durante el primer semestre de 2010, las actividades de coordinación se orientaron a concertar compromisos con dos instituciones adicionales, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Con ello, el total acumulado ascendió a 25 dependencias de la APF con criterios de sustentabilidad en sus planes y programas, lo que representó un avance del 89.28% respecto de la meta de 28 instituciones que se estableció alcanzar en 2012.

Entre las principales acciones concertadas en 2010 con SEGOB y CONAPO, en materia de sustentabilidad, se encuentra el incorporar los sistemas insulares con asentamientos humanos en el Atlas Nacional de Riesgos y en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático.

5.- Visión de largo plazo

Los sistemas políticos, administrativos y financieros del mundo no están cabalmente adaptados para abordar procesos de muy largo plazo. Sin embargo, para enfrentar el cambio climático, que constituye una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la humanidad, se requiere de una visión de largo plazo, en función de las siguientes condiciones:

Las actividades que generan GEI sólo pueden transformarse mediante cambios culturales, construcción de capacidades, desarrollos tecnológicos, modificaciones institucionales. Estas transformaciones resultan complejas y requieren tiempo, dedicación y perseverancia, además de voluntad política para emprenderlas.

Muchas de las infraestructuras que determinan patrones de emisión o condiciones de vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos se caracterizan por una larga vida útil. Las decisiones que se adoptan en el momento de determinar dichas infraestructuras fijan el curso futuro de las emisiones de un país o sus posibilidades futuras de adaptación.

El propio sistema climático planetario se caracteriza por una extraordinaria inercia. Los cambios en las emisiones presentan efectos acumulativos, diferidos en el tiempo, sobre la dinámica de las concentraciones. Los cambios en las concentraciones determinan, a su vez, efectos diferidos en la temperatura planetaria promedio. Los impactos de estos cambios en los ecosistemas terrestres y marinos pueden también presentar desfases temporales. Incluso, una vez que se estabilizaran las concentraciones de gases de efecto invernadero, que constituye el objetivo último de la Convención, la temperatura superficial promedio proseguiría en ascenso, aunque cada vez con menor intensidad conforme transcurra el tiempo, y la elevación del nivel promedio del mar se extendería por más de un milenio.

Tanto a escala global como en cada país, las acciones de mitigación y de adaptación necesitan orientarse en función de una situación futura a la que se aspira. En este ámbito más que en cualquier otro, el futuro deseable debe determinar el presente necesario.